El texto establece un plan de capacitación de funcionarios públicos para actuar en situaciones de violencia contra menores, como sucedió con el caso de Lucio Dupuy.
Decreta la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes
El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con el Poder Judicial, elaborará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces.
Los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño.
También busca promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.